Política Antisoborno y Anticorrupción de Ferrovial

La Política Antisoborno y Anticorrupción de Ferrovial es un pilar fundamental en la estrategia de gobierno corporativo de esta empresa. Aprobada inicialmente por el Consejo de Administración en 2014 y perfeccionada en 2016, esta política refleja los valores de integridad, transparencia y respeto a la legalidad que son esenciales para cualquier organización comprometida con la ética empresarial. La política rige el comportamiento de todos los administradores, directivos, empleados y colaboradores en el desarrollo del negocio, no limitándose únicamente a las interacciones con funcionarios públicos. Ferrovial, como grupo internacional operando en diversos países, está sujeta a un amplio espectro de legislaciones anticorrupción, incluyendo el Código Penal Español, la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de EE.UU., la Ley de Soborno del Reino Unido, y las convenciones de Naciones Unidas y OCDE contra la corrupción. La política impone el cumplimiento estricto de todas estas leyes, con un énfasis particular en la prohibición del soborno en cualquiera de sus formas. Para asegurar el seguimiento de esta política, Ferrovial ha implementado procesos internos de vigilancia y control, así como prácticas contables que garantizan la exactitud de los registros financieros. La empresa se compromete a operar con máximo respeto a las leyes nacionales e internacionales, demostrando su compromiso con la integridad y la transparencia en todas sus operaciones.

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Desarrollo de la Política Antisoborno y Anticorrupción

La política antisoborno y anticorrupción de Ferrovial se basa en los valores de integridad, transparencia y respeto a la legalidad, reflejados en el Código de Ética Empresarial de la compañía. Estos valores son esenciales para mantener la confianza de los stakeholders y garantizar que todas las operaciones se realicen de manera ética y conforme a la ley. La política establece un marco de tolerancia cero hacia cualquier práctica de corrupción o soborno, tanto activa como pasiva. Esto significa que cualquier intento de influir en decisiones empresariales mediante el uso de dinero, favores o cualquier otro tipo de beneficio es estrictamente prohibido.

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Por ejemplo, la política prohíbe ofrecer regalos, invitaciones a eventos o cualquier otra forma de beneficio a funcionarios públicos, clientes o proveedores con el objetivo de influir en decisiones empresariales. Además, la política establece que cualquier empleado que se encuentre en una situación donde pueda surgir un conflicto de interés debe abstenerse de participar en dichas actividades y reportar inmediatamente la

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